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Contaminación por PFAS: un marco normativo cambiante

La creciente preocupación por la presencia de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por su sigla en inglés) en el agua de superficie, aguas subterráneas, aguas residuales, los suelos y el aire, que afecta la calidad de los recursos, lleva a las industrias a priorizar la implementación de soluciones de tratamiento eficaces. A pesar de que se utilizan PFAS en productos comerciales e industriales desde la década de 1940, no hace mucho tiempo que las autoridades comenzaron a investigar las consecuencias y aplicar medidas paliativas. Las PFAS son motivo de gran inquietud porque son sumamente resistentes a la biodegradación (lo cual complica su tratamiento) y también bioacumulativas (lo cual aumenta los riesgos que entrañan para la salud).

La falta de datos confiables sobre el alcance de los efectos contaminantes de las PFAS genera incertidumbre con respecto a la magnitud del tratamiento necesario. Sin embargo, las industrias y los centros de administración de recursos hídricos decidieron adoptar una estrategia activa: la provisión de agua segura y el tratamiento del agua y los desechos que contienen PFAS son prioritarios. De hecho, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) clasificó ciertos tipos de PFAS como sustancias potencialmente carcinogénicas para los humanos. La Administración Biden-Harris anunció que intensificó los esfuerzos para abordar el tema de las PFAS con carácter prioritario y presentó el Mapa estratégico sobre PFAS de la EPA, que contiene compromisos hasta 2024. Este plan de acción incluye medidas para controlar las PFAS desde su origen, hacer rendir cuentas a quienes generan emisiones, garantizar que se tomen decisiones basadas en datos científicos y abordar el impacto en las comunidades más desfavorecidas.

Las plantas de tratamiento de agua para consumo municipales fueron de las primeras en buscar soluciones para el problema de las PFAS en las fuentes de agua. Estas iniciativas municipales estimularon la investigación del origen de la contaminación por estas sustancias. La espuma contra incendios, las emisiones industriales y los biosólidos se identificaron como 3 de las fuentes principales. La presencia de PFAS complica la eliminacíón de los biosólidos de diferentes sistemas de tratamiento y de fuentes municipales e industriales. Es por estas dificultades que las municipalidades y las industrias tienen gran interés en identificar, mitigar y disminuir las fuentes de los contaminantes aguas arriba y deshacerse de los biosólidos de manera apropiada. A su vez, la industria planea intensificar las medidas reguladoras. Eliminar y tratar contaminantes como las PFAS supone costos extras para las industrias y las empresas de servicios de agua. Las reglamentaciones y los requisitos de conformidad influyen en el mercado ambiental y el del agua. También sigue siendo motivo de preocupación la posible responsabilidad asociada por los contaminantes y riesgos ambientales incipientes; además, las sanciones de los organismos reguladores y los tribunales por incumplimiento y el riesgo jurídico intensifican la necesidad de tomar medidas en forma urgente.

Las empresas de servicios de agua deben brindar a los ciudadanos agua para consumo limpia y confiable. Si no lo hacen, pueden perder la confianza del público, además de tener que enfrentar las consecuencias negativas sobre la salud pública y hasta demandas. Debido a que las compañías de agua municipales son responsables de tratar los contaminantes emergentes, una vez que entran en vigencia las reglamentaciones federales o estatales los proveedores deben cumplir las especificaciones de la nueva legislación, respetando los plazos establecidos en ella. Este tema no solo compete a las municipalidades, y la magnitud de los tratamientos que deben aplicarse en las plantas potabilizadoras suele dar origen a propuestas para que las organizaciones industriales cubran parte de los costos.

A medida que van aumentando las investigaciones y lo que se sabe sobre la contaminación generada por PFAS, la EPA intensifica su actividad. Por ejemplo, el Mapa estratégico sobre PFAS de la EPA detalla un plan de acción para 2021-2024. Este plan plantea las siguientes metas y objetivos:

  • Investigar: invertir en investigación, desarrollo e innovación para comprender mejor los tipos de exposición y toxicidad de las PFAS, así como los efectos ecológicos y sobre la salud humana, y pensar iniciativas de intervención eficaces que incorporen los mejores datos científicos disponibles.
  • Restringir: aplicar una estrategia integral para evitar que las PFAS ingresen en el aire, la tierra y el agua en niveles que puedan afectar negativamente la salud humana y el medioambiente.
  • Remediar: ampliar y acelerar la limpieza de la contaminación provocada por las PFAS para proteger la salud humana y los sistemas ecológicos.

Se prevé que la EPA imponga algunas limitaciones a las PFAS en el comercio, establezca normas y exija permisos para restringir las emisiones y descargas de las plantas industriales. Es probable que a los fabricantes se les exija proporcionar información sobre los compuestos de PFAS que producen. Además, la EPA planea designar algunos compuestos como sustancias químicas peligrosas de acuerdo con la Ley del Superfondo. Estas limitaciones endurecerán los requisitos para los informes de PFAS y obligará a las empresas e industrias que utilizan, fabrican, tratan y eliminan materiales con PFAS a cumplir con las reglamentaciones.

 

Cada vez es mayor la preocupación por los posibles efectos
de las PFAS sobre la salud. Las industrias
están elaborando planes integrales
para enfrentar esta situación.

imagen de PFAS

Mientras la EPA elabora y revisa normas, algunos estados van mostrando interés por dar prioridad al problema de las fuentes de agua con contenido de PFAS y adoptar medidas para su tratamiento. Por ejemplo, el Departmento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía del estado de Michigan (EGLE) dictó una nueva norma sobre agua para consumo con el fin de fomentar el tratamiento de las PFAS. El equipo de trabajo MPART (Michigan PFAS Action Response Team) estableció nuevas reglamentaciones para limitar la presencia de PFAS en el agua municipal para consumo, los vertederos y las plantas de producción. Estas normas nuevas limitan el ácido perfluorooctanoico (PFOA) a 8 partes por billón (ppt) y el sulfonato de perfluorooctano (PFOS) a 16 ppt. El límite recomendado por la EPA, que no es de cumplimiento obligatorio, es de 70 ppt. El MPART se ha convertido en todo un referente en el ámbito nacional por sus respuestas ante la contaminación por PFAS, y muchos otros estados ya están creando nuevas normas que limitan su uso y su descarga.

Aprovechar las etapas iniciales en el proceso de implementación de normas para cambiar las formas de usar, tratar y eliminar las PFAS permite a las empresas abordar el problema de manera eficaz, así como evitar problemas ambientales y legales. Las organizaciones industriales ya no pueden desarrollar su actividad como antes, porque en los próximos años permitir los mismos niveles de descarga de PFAS en el ambiente será un riesgo demasiado alto. Las compañías se aseguran de que su actividad sea sostenible teniendo en cuenta las nuevas normas y los cambios legislativos inminentes, así como toda la información disponible sobre los efectos dañinos de las PFAS en la salud y el medioambiente. Las empresas deben afrontar esta cuestión junto con un socio que tenga la experiencia y los conocimientos necesarios para remediar el problema de las PFAS, y que las ayude a resolver los aspectos más complejos y adoptar soluciones eficaces. Contar con el socio indicado les permitirá evitar aumentos de costos, posibles responsabilidades legales y problemas imprevistos.

 

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